otras tardes

El Perú empieza un nuevo año con perspectivas económicas aparentemente favorables, pues pese a que no fue ajeno a la crisis mundial, fue uno de los pocos países en el mundo que ha experimentado un crecimiento económico en el 2009, (aunque este haya sido menor que en el 2007 y en el 2008), siendo los sectores con mayor desarrollo los de agroindustria y materias primas, estimándose que para el 2010 habrá un crecimiento general del 5% según reciente declaración de la ministra de economía Mercedes Araoz, y lo más importante, es que el índice de pobreza ha venido cayendo desde el 2006. Además, la última Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), en Arequipa, fue testigo del optimismo del empresariado respecto del progreso del país, en vista de encontrar un terreno cada vez más fértil para las inversiones, por lo que respaldan plenamente las políticas adoptadas por el presente gobierno.

Sin embargo, hay quienes no sostienen lo mismo, ya que se ha reducido el gasto en rubros importantes como salud y educación, los sueldos y salarios no han subido, y si bien ha caído el nivel de pobreza, alegan que actualmente es en realidad de 45.1%, el mismo que generó el gobierno aprista en los años 1985-1990, y que la inmensa población de la sierra y de la selva aún están excluidas de la presente bonanza. Refieren también que el crecimiento no es resultado del progreso tecnológico ni del desarrollo industrial, sino de un modelo exportador basado en mano de obra barata, que no permite un mejoramiento de la calidad de vida de la gente, pues por ejemplo, el sueldo de los obreros se ha reducido a la mitad de su valor registrado en 1987.

Así las cosas, se espera pues un arduo debate entre los analistas en este año previo a las comicios generales del 2011. Y es en atención a la importancia de ese debate que creo que es pertinente detenernos por un momento a actualizar ciertos aspectos y temas cuya consideración puede incrementar la calidad del debate sobre la economía peruana, como es el caso de las grandes paradojas que nos provee nuestra historia económica, haciéndose necesaria de paso una rápida revisión de ésta. Pasemos entonces a una paciente pero a la vez somera explicación de alguna de esas contradicciones.

Desde los primeros pobladores que habitaron las accidentadas tierras andinas, se llevó a cabo una acumulación, conservación, transmisión, y desarrollo cada vez mayor de conocimientos especializados acerca de las difíciles condiciones climáticas y geográficas, lo cual permitió desarrollar numerosas y eficaces estrategias de explotación de la riqueza natural. Es decir, la aplicación de tales conocimientos significó la construcción de acueductos, andenes, archipiélagos andinos, canales, waru warus, etc., así como de instrumentos tecnológicos como la chaquitaclla para labrar la tierra. Conocieron y manejaron adecuadamente variables como la temperatura, la altitud, la humedad, condiciones del suelo, etc. para la siembra de determinados cultivos específicos. Todo ello, sumado a la organización de sus sociedades en función de la producción con una adecuada división del trabajo, les permitió satisfacer ostensiblemente sus necesidades alimentarias, no obstante el sometimiento y las diferencias sociales entre pueblos vencedores y vencidos del Perú prehispánico.

Es así que el asombroso dominio logrado sobre la naturaleza les valió sobre todo la base para la edificación de importantes culturas, cuyo legado sigue sorprendiendo a los historiadores y al mundo. Pero como sabemos, el heroico crecimiento de estas sociedades organizadas, con el genuino y auténtico desarrollo de una economía sustentada en la agricultura, se vio truncado en el siglo XVI con la violenta llegada de los conquistadores españoles, quienes instauraron un sistema económico que convirtió al Perú en un país minero, condición que conservamos hasta nuestros días (la minería sigue siendo la principal fuente de divisas para el país). Este modelo de explotación foráneo, se estructuró en función de los exclusivos intereses de la metrópoli española, la cual expandía sus dominios en otros lugares del planeta, asumiendo la corriente monopólico mercantilista de la època, la que también impusieron las demás metrópolis europeas a sus colonias, y que consideraba a la acumulación de metales preciosos como la base de la riqueza de una nación.

Es bajo este sistema que perdurará por tres siglos, que se destruye el aparato productivo edificado pacientemente por nuestros ancestros, establecido según estrictos criterios racionales de explotación de la tierra y de satisfacción de necesidades básicas, y sobre la base de la reciprocidad y la redistribución en las relaciones de producción. Fueron tres siglos en los que además se sometió al indio a las más crueles condiciones de explotación, lo que casi significa su exterminio.

Pero acontece luego el triunfo revolucionario de la burguesía y de las nuevas ideas en Europa y los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, surgen entonces los vientos emancipadores en el resto de América, hasta que los criollos en el Perú consiguen emular aquel paso decisivo hacia la modernidad con la independencia. Pero si en lo político, este paso significó la adopción del modelo de estado moderno, en los órdenes económico y social no significó una ruptura considerable con el pasado colonial, pues como sabemos, a pesar de instaurarse oficialmente el moderno esquema de gobierno republicano, secular y con división de poderes, persistieron relaciones de producción y formas de explotación propias del mundo feudal y colonial, que en nada eran aprobadas por las nuevas y modernas concepciones acerca del hombre y sus derechos; así como también, persistió una estructura productiva distorsionada en relación a la pertinencia de su aplicación en estas tierras, que resultaba obsoleta según el nuevo y promovido pensamiento económico liberal, y que continuó favoreciendo las desigualdades e injusticias. Posteriormente, el avance del capitalismo impulsado por los inversionistas ingleses a lo largo del S. XIX, representó un mayor alejamiento del oriundo modelo de desarrollo andino; y en el mismo sentido, la influencia decisiva y determinante del imperialismo norteamericano en el S. XX, significó la continuación de la dependencia económica, con una mayor acentuación de las diferencias sociales y de desarrollo, comprendiendo el mantenimiento de crueles relaciones feudales que perduraron hasta hace pocas décadas en nuestra serranía, el relegamiento a la condición de país primario exportador con un fracasado intento por abandonar ese designio, un paulatino proceso migratorio del campo a la ciudad, y violencia política con consecuencias conocidas.

Tenemos en suma cinco siglos de dependencia con aplicación de modelos económicos no precisamente acordes a nuestra compleja realidad, que se coronan con un presente lleno de expectativas en el promisorio mundo de la globalización, en cuyo vertiginoso tráfico de interacción de agentes económicos prevemos integrarnos ayudados por la firma de TLCs con diversos países, y anhelando ser cada vez más competitivos gracias a las bondades de nuestros productos e ingentes recursos naturales.

Pues bien, es en la etapa de dependencia de este contexto histórico en el que se desarrolla una paradoja que jamás hubiera ocurrido en el sistema de la anterior etapa prehispánica, que es de necesaria atención, y que ya no consiste solo en la visible y evidente contradicción consistente en la existencia de ingentes recursos cohabitando con una situación de crónica pobreza para las mayorías, sino que la misma puede expresarse de otra manera en términos históricos, y así lo hace muy lúcidamente la historiadora inglesa Rosemary Thorp refiriéndose a la errada visión sobre el debido aprovechamiento de dicha riqueza: ella dice que “es precisamente en la abundancia de recursos naturales donde radica el origen de nuestra pobreza económica”, porque luego del saqueo colonial de nuestros recursos minerales, sobrevendrán períodos de explotación de otros recursos que generarán grandes expectativas: períodos como el del guano, el caucho, el petróleo, la riqueza icteológica marítima, etc., y tal “aprovechamiento” sólo ha significado actividad extractiva con obtención de recursos de manera temporal, con el mayor beneficio para las potencias extranjeras dueñas de los medios de producción, dejando de lado la construcción de una sólida infraestructura material y tecnológica propia, con una digna atención por el desarrollo del capital humano, que posibiliten un desarrollo propio, sostenido y perdurable.

Pues bien, cabe preguntarse hasta qué punto pervive esa paradoja en nuestra actual economía, en la medida en que el Perú sigue inscrito casi en el mismo escenario, en el que ahora se acrecientan las dependencias, y en el que estas siempre fueron asimétricas. Sinceramente, creemos que ella se mantiene, contraviniendo un auténtico desarrollo moderno, como por ejemplo, en inversiones que pueden apuntalar el crecimiento pero que no necesariamente significan desarrollo, tal es el caso de las grandes inversiones transnacionales en minería, que con algunas variantes, representan otro hito en la misma línea de períodos de explotación de recursos sin mayor desarrollo señalados por la historiadora. Según informe de la CONASEV, las utilidades de Antamina, Cerro Verde, Yanacocha, Southern, Tintaya y Barrick sumaron US$ 4,783 millones en el 2007, y US$ 4,482 millones en el 2008, lo que nos da un total de US$ 9,265 millones en esos dos años. Sin embargo, su aporte total en esos mismos dos años sólo fue de US$ 456 millones, lo que representa sólo el 4.9% de todo lo que ganaron. Y recordemos que fue el propio gobierno el que renuncio a cobrarles impuestos, incluidos los que corresponden a las sobreganancias, allanándose a que ellas mismas decidan cuanto aportan voluntariamente, y cómo lo administran. Esto significó renunciar a la obtención de una justa transferencia por canon a los gobiernos locales y regionales, y la implementación y aplicación de urgentes programas de desarrollo en salud, educación, infraestructura, etc., y justo en tiempos de crisis internacional. Pero esta no es la única contradicción. Aquí viene otra.

No debemos perder de vista que nuestro tránsito por el modelo neoliberal implementado desde el año 90, obedece a la aceptación a pie juntillas de los lineamientos del Consenso de Washington, un listado de políticas económicas elaborada por los organismos financieros internacionales, adoptado como el mejor programa económico que los países latinoamericanos debían aplicar para impulsar el crecimiento, y el que considera entre una de sus principales directivas la apertura de las economías al exterior, lo que implica la eliminación de toda protección arancelaria, con un claro perjuicio para algunos sectores productivos que no siempre fueron débiles. Ese es el caso de nuestra agricultura.

Nuestro país abarca un considerable número de comunidades andinas que aun conservan ancestrales valores, y modos de producción agrícola ganaderos, y quienes desde luego verán afectados sus exiguos ingresos por la llegada a nuestro mercado de productos alimenticios fabricados industrialmente y de menor precio, ya que están subsidiados desde sus países de origen. ¿Estarán nuestros campesinos en condiciones de reconvertirse o hacer frente a tal competencia? Todos deseamos que lleguen a estar en condiciones de capear el temporal, pero lo que sí es seguro es que se incrementará nuestra dependencia alimentaria, en un territorio que cuenta con una gran diversidad biológica que constituye un extraordinario potencial para el desarrollo genético de cultivos y crianzas; que tiene la disponibilidad del 64% de territorio agrícola suficiente para alimentar a 128 millones de personas; y que ostenta la presencia del 80% de los climas existentes en el mundo. Eso lo sabían muy bien nuestros ancestros.

Y es que el tal Consenso de Washington no es otra cosa que una versión renovada del Programa de Ajuste Estructural, impuesto por el FMI al mundo subdesarrollado, con el fin de que generen recursos para el pago de la deuda externa, privilegiando eficacia productiva antes que justa y equitativa distribución de la riqueza producida, lo que en la práctica origina el agrandamiento de las diferencias en el ingreso, y la conculcación de derechos en un país con brechas sociales y culturales muy profundas, y que por lo tanto, es proclive a conflictos sociales de nefastos resultados.

Reparemos sino en nuestra selva, que alberga comunidades nativas que poseen otras cosmovisiones y concepciones de desarrollo muy diferentes de la occidental. Muchas de ellas se han sentido hostilizadas por las pretensiones gubernativas de expropiación de sus tierras para la explotación industrial, a las que de seguro consideran más que una intromisión, una invasión, que pone en serio peligro la subsistencia de su cultura, (quizá del mismo modo que se vieron amenazados nuestros antepasados hace poco más de 500 años).

Son posibles situaciones de conflicto que ya tienen serios precedentes como lo constituye la trágica matanza ocurrida en Bagua en Junio del año pasado, luego que Alan García y el gobierno decidiera entregar tierras de la Amazonía en grandes lotes a las transnacionales, pasando por alto la Constitución y la obligación que le imponen tratados internacionales como el que estableció la OIT, que en su artículo 169 indica consultar a las poblaciones indígenas acerca del destino de sus territorios.

Otro precedente lo constituyen los conflictos socioambientales que tienen ya varios años desde que se inició el boom de la actividad minera, y que sólo en Diciembre del 2009, alcanzaron el número de 124 en el país, (según Boletín mensual de Diciembre No. 70 de la Defensoria del Pueblo). Recordemos como casos más saltantes los de Choropampa, Miski Mayo y Majaz. Casi todos ellos tienen como denominador común el nefasto impacto ambiental que ocasionan las operaciones de las transnacionales mineras, atentando directamente contra la salud de las poblaciones aledañas, la fertilidad de sus tierras, la limpieza de las aguas de los ríos, y contra el medio ambiente en general. Grave problema social ante la cual el gobierno nunca se ha pronunciado oficialmente.

Todo lo explicado sustenta la posición que considera que la modernidad que vivimos, desde que supuestamente “recuperamos nuestra independencia” en el S XIX, es más una MODERNIDAD ECONÓMICA NEOCOLONIAL, que una MODERNIDAD ECONÓMICA DEMOCRÁTICA. Una posición que considera imprescindible adquirir una MEJOR CONCEPCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD COMO SOCIEDAD COMPLEJA, PLURICULTURAL Y CON UNA HISTORIA PARTICULAR, que conduzca a un replanteamiento de nuestra participación en el moderno proceso global, para la que es condición la DEMOCRATIZACIÓN DE LAS DECISIONES DEL ESTADO. Esto último se traducirá en el diseño y ejecución de políticas de inclusión social, cultural, política y económica, concerniendo a este último rubro el desarrollo de los mercados internos, con infraestructura y mercado de capitales en soles que impulsen la inversión privada local, desarrollo tecnológico propio, y el desarrollo de la competitividad sobre la base de la productividad y salarios crecientes. Es decir, un mejor equipamiento para enfrentar los nuevos desafíos de la nueva era.

Al respecto de esta posición, la célebre antropóloga mexicana Lourdes Arizpe señala muy acertadamente en una de sus mejores obras:

“La teoría política del desarrollo debe incorporar los conceptos de cooperación, confianza, etnicidad, identidad, comunidad y amistad, ya que esos elementos constituyen el tejido social en que se basan la política y la economía. En muchos lugares, el enfoque limitado del mercado basado en la competencia y la utilidad está alterando el delicado equilibrio de estos factores y, por lo tanto, agravando las tensiones culturales y el sentimiento de incertidumbre”.

ARIZPE Lourdes. La cultura como contexto del desarrollo.
(1998). Pag 191.

Lógicamente es más que una impensable utopía el regreso a las formas de producción ancestrales, y mucho menos es pertinente pensar en absurdas salidas autárquicas en un mundo que se integra cada vez más, pero sí se hace necesaria la inversión de una ECONOMÍA MODERNA MÁS DEMOCRÁTICA QUE NEOCOLONIAL, (quedando atrás otra histórica contradicción), que distribuya con mayor justicia los beneficios de la nueva economía, frente a la que seamos ciudadanos antes que meros consumidores, Es así que una auténtica modernidad económica ayudará al establecimiento de la justicia y la modernidad en los demás órdenes.